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Corrientes, Viernes 1 de agosto de 2014

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Aumento de casos en la defensoría de pobres y ausentes

La Defensoría de Pobres y Ausentes, cada vez más, recibe a personas carentes de recursos que apelan por una solución a cuestiones sociales. Entre los asuntos que recaen en el organismo, se puede nombrar causas de derechos de familia, insanías y amparos sobre acciones arbitrarias.

15 AGO 2006 | La Región

Personas pobres e indigentes cada vez golpean las puertas de la Justicia en busca de una respuesta a sus problemas.

En los últimos años se divisó una tendencia de personas carentes de recursos que recurren a la Justicia para reclamar sobre cuestiones sociales. La Defensoría de Pobres y Ausentes de la Provincia es el organismo en que recaen los problemas de hombres y mujeres que buscan garantizar sus derechos, que por alguna razón están siendo violados. En este sentido, si bien en su gran mayoría se interviene en temas referidos a la familia, también existen demandas -justificadas y excepcionales- a empresas prestatarias de servicios.

“Se atiende a personas cuyos ingresos no superen los 500 pesos, Instrucción Nº 12, de 25 de febrero del 2005”, reza el cartel que se encuentra en la Defensoría de Pobres y Ausentes, a cargo de Enzo Di Tella. Este organismo tiene la función de representar a personas afectadas por factores de índole económicos y socioculturales.

No obstante, en el último tiempo, el aumento de la densidad poblacional en general, la saturación ofrecida en el sistema de administración de justicia en virtud del efecto acumulativo de causas, el aumento de las conductas que ingresan al sistema tanto por contiendas de índole civil patrimonial, de familia, entre otros, hace que la tarea desborde la capacidad operativa.

“La gente pobre e indigente poco a poco está tomando conciencia que puede obtener una respuesta favorable del Juez”, señaló a El Litoral, Enzo Di Tella.

“Acá se reciben muchas causas de derecho de familia, ya sea por cuestiones de divorcio, régimen de visita, guardas. Dentro de ello, en menor medida hay casos de insanías y también existen aquellos que demandan a empresas prestatarias”, agregó.

En este sentido, expresó que las historias que predominan son las de grupos familiares o titulares de personas discapacitadas que buscan una asistencia social de Nación para sobrellevar el estado de vulnerabilidad.

También -pero mucho menos-, hay expedientes de vecinos que reclaman el corte del suministro de algún servicio. “En este caso se representa a ciudadanos con realidades excepcionales, por ejemplo un hogar en que sus integrantes estén desocupados y hayan individuos enfermos o con discapacidad. Son situaciones extremas”, aclaró.

“Allí, se pide al Juzgado que atienda el cuadro de acción arbitraria e ilegítima de un aporte que es vital para la vida y la supervivencia, y se solicita que interponga los medios para restablecer el servicio”, contó.

“Generalmente, la justicia realiza un dictamen favorable a las causas que presentamos. Hay veces que si rechazan, apelamos y volvemos a interponer el caso”, sostuvo.

Saturación de casos

De acuerdo con lo que manifestó el titular de la Defensoría de Pobres y Ausentes, actualmente existen en curso (en los distintos Juzgados), 12 mil demandas a la espera de su resolución. En este sentido hizo referencia a la saturación que actualmente se da lugar en los tribunales.

Según lo que manifestó-, el proceso judicial de un demandante de bajos recursos es mucho más lento porque en forma paralela a su reclamo, debe completar una serie de trámites mediante lo cuál se pueda comprobar la veracidad de la interposición sin gasto.

“Esto vuelve al procedimiento más emborroso, ya que hasta que no se resuelva esta cuestión, no hay sentencia”, contó Di Tella.

Un pobre además de estar en desventaja económica, además está en desigualdad social, teniendo en cuenta que actualmente existe solamente un defensor de pobres. Este hecho deriva en que el representante se vea impedido de acudir a todas las auditorías.

Sin embargo, aclaró que hay veces que se trata de solucionar entre las partes, a través de acuerdos extrajudiciales, debido a la urgencia del cuadro.

El Litoral

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