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Auditoría y balance: responsabilidad de los contadores en la mira

Ante un nuevo contexto normativo cada vez más severo, los contadores están sometidos a crecientes riesgos cuando ejercen como auditores, síndicos, asesores y otros roles

28 JUL 2005 | Ciencias Económicas

Con los escándalos financieros de Enron, Parmalat y WorldCom que marcaron el fin de Andersen Consulting, la actualidad puso a plena luz del día la crisis de la auditoría contable. La responsabilidad de los contadores públicos, pasó así a ser un tema clave, con aristas penales, civiles, éticas.

Especialistas de la profesión analizan para INFOBAEprofesional qué situaciones de riesgo pueden llegar a comprometer al auditor y cómo puede verse involucrado ante posibles irregularidades así cómo las obligaciones profesionales que pesan sobre él.

Responsabilidad Civil de los contadores públicos

Cristian Fox, abogado del estudio Allende & Brea, destaca que la responsabilidad civil hoy puede sintetizarse en la debida diligencia el ejercicio de su actividad. Del análisis de la jurisprudencia extranjera, surge que un contador público puede ser sancionado cuando se incurre en omisiones que contribuyen a la deformación de la realidad.

No se exige a los profesionales que descubran fraudes, pero se condena el no haberlos puesto de relieve cuando ello es razonablemente posible. Estas premisas son enteramente aplicables en el ámbito local.

JURISPRUDENCIA ARGENTINA

De la jurisprudencia nacional surgen escasos fallos en los que se obtuvo una condena civil.

Por ejemplo, uno de ellos versa sobre la declaración de responsabilidad como síndico societario, cuando el directorio del ente que integraba aprobó la venta de un inmueble social por un valor muy por debajo al que señalaba el mercado, sin que existieran motivos que justifiquen la razonabilidad del precio aprobado. Se encontró personalmente responsable al síndico que consintió una serie de actos notoriamente extraños al objeto de una sociedad, y que repercutieron en perjuicio del patrimonio social.

CONSEJOS

Po otra parte, los respectivos Consejos Profesionales tienen facultades disciplinarias respecto de sus matriculados, y para otras de mayor gravedad también se aplican figuras penales debidamente tipificadas. La tendencia en la materia persigue el agravamiento de la responsabilidad profesional antes que su exculpación.

En los supuestos de atribución de responsabilidad, los profesionales podrán ser demandados tanto por sus clientes como por terceros perjudicados al tomar decisiones basadas en la errónea consideración y evaluación de riesgo de exposición, efectuadas por un auditor con entidad suficiente para alterar con su opinión y de modo significativo los estados financieros del ente.

De Enron a Sarbanes Oxley

ESCANDALOS

Por otra parte, Matías Avila Nores, del estudio Allende & Brea, recuerda sobre Enron, Worldcom y otras compañías que complejas transacciones eran diseñadas para obtener resultados contables más que operativos, con el fin de minimizar las pérdidas en sus estados contables, mostrar ganancias que en realidad no se percibieron y evitar sumar deudas en sus balances, lo que podía causar una desmejora en su calificación crediticia y dañado su credibilidad ante los inversores.

SOX

En muchos de estos casos, el fraude corporativo tuvo el concurso, en mayor o menor medida, de firmas de contadores que asesoraban a estas empresas como auditoras, prestando al mismo tiempo servicios contables y otros relacionados, enfrentando la independencia de criterios como auditores. Estos escándalos sirvieron a una profunda reforma legislativa iniciada por el Congreso de Estados Unidos y la Comisión de Valores (SEC), destinada a restablecer la confianza en los informes financieros corporativos. Hacia inicios de 2002 se sancionó la denominada Sarbanes Oxley Act (SOX), que alcanza a compañías y ejecutivos (CEO, CFO, directores con funciones similares) de compañías que cotizan en bolsa y a los proveedores en más del 10% de estas compañías.

Alcance: la SOX alcanzan a las compañías constituidas en Estados Unidos por los servicios que presten dentro o fuera de dicho país, alcanzando también a las firmas de contadores registradas en EEUU que prestan servicios en Argentina por intermedio de su filial local. La SOX tiene alcance en todas las compañías públicas registradas en Estados Unidos, incluyendo a sus subsidiarias en otros países, por lo que las filiales locales de dichas empresas se ven alcanzadas por la norma. También alcanza a los emisores locales que están registrados con la SEC.

En rasgos generales, la SOX obligan a:

Presidentes y CFOS a certificar la exactitud de las declaraciones financieras de sus empresas.

Empresas a elaborar informes anuales de sus estructuras de control interno y sus procedimientos y que,

A partir de este año: revelar puntualmente los cambios materiales de sus condiciones u operaciones financieras.

Prohibido: régimen de incompatibilidades

Con relación a las firmas de contadores (public accounting firms) y basados en la experiencia de Andersen, la SOX estableció que las firmas de contadores que prestan servicios de auditoría en una compañía tienen prohibido:

Llevar al mismo tiempo la contabilidad de esa empresa.

Realizar para esa misma compañía: tareas de diseño, operación o supervisión de sistemas de información.

Efectuar valuaciones o revalúos.

Prestar servicios varios como: actuariales, de auditoría interna, consultoría de inversiones, broker o dealer, legales que no relacionados con auditoria.

Gerenciar recursos humanos.

De modo que algunas empresas locales se encuentran comprendidas bajo este estricto marco normativo, pero otras no, motivo por el cual las incompatibilidades de funciones de las SOX, originadas en los referidos escándalos, no son criterio aplicable por nuestras normas y, en consecuencia, no se extiende a los profesionales que se desempeñan en o para empresas de nuestro país.

Es por ello que, a los fines de lograr mayor transparencia y control, por ejemplo, a las compañías que hacen oferta pública en el mercado local, también se les aplica el decreto 677/01 que impulsó la creación del Comité de Auditoría, con el objetivo inmediato de asegurar la calidad de la información pública, que está inserto en el directorio de estas compañías.

El control de la UIF: prevención del lavado de dinero

Frente a este contexto, era necesario adoptar alguna medida en materia de responsabilidad.

Fox agrega que la creación de la Unidad de Información Financiera (UIF) incorpora un nuevo ámbito de responsabilidad. La ley 25.246 obliga, entre otras profesiones, a los contadores que practiquen trabajos de auditoría a informar sobre actividades que consideren sospechosas de facilitar el blanqueo de dinero. El Anexo II de la resolución 3/04 de la UIF enuncia sin limitaciones un listado de actividades sospechosas que deben ser informadas al ente, teniendo como característica común que resulten inusuales, revistan una complejidad injustificada o no tengan justificación económica o jurídica, entre otras.

Un aporte de la FACPCE

La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) abordó el tema indicando que las irregularidades contables recientes (Enron, Wordcom, Parmalat) han producido un impacto negativo en la comunidad de negocios, tanto en la percepción de la transparencia de la información contable, como en la función de la contabilidad para proveer confianza.

En este sentido, los organismos de control han tomado diferentes acciones en cada país. En la mayoría de los países de América latina han ocurrido numerosos casos de quiebras financieras y probables fraudes y errores, en todos los casos la responsabilidad de los auditores se ha visto cuestionada. En este entorno es necesario que el auditor considere y evalúe el riesgo de exposiciones erróneas de carácter significativo en los estados financieros.

En materia impositiva, los estados han implementado legislaciones tributarias que buscan combatir la evasión y defraudación a través del endurecimiento de sanciones o penas, profundizando presunciones, ampliando las facultades de control y fiscalización , reforzando las facultades sobre agentes de información, entre otras medidas. Pero también incluyen normas que sancionan la conducta de los Contadores y otros profesionales, que resulten culposas o dolosas, por parte de los profesionales.

Un alivio legal en la responsabilidad solidaria

El Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la CABA también recordó que con las nuevas modificaciones aprobadas por el Senado de la Nación sobre la ley 11.683, sobre el artíbulo 8º, inciso b) de la ley, los profesionales hoy cuentan con un alivio legal, dado que la norma anteriormente establecía la responsabilidad solidaria del síndico en las costas por eventuales incidentes de verificación en concursos preventivos. La solidaridad alcanzaba a costas y gastos causídicos ante incidentes de revisión tardía efectuados por la AFIP para verificar créditos.

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